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De la redacción de El Litoral/DyN
El gobierno, los empresarios y la CGT acordaron ayer por la tarde en 1.240 pesos -pagaderos en dos veces- el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil en el marco del plenario de Consejo del Salario, el Empleo y la Producción.
El cuerpo deliberó en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, y acordó que a partir de agosto próximo el monto del salario mínimo se ubicará en 1.200 pesos y en diciembre se elevará a 1.240 pesos.
El titular de esa cartera Carlos Tomada fue el encargado de realizar el anuncio durante una conferencia de prensa tras varias horas de deliberaciones. La CTA, que aspiraba a un aumento mayor, participó de las negociaciones pero se abstuvo de firmar el acuerdo.
"Otro año más el Consejo fue para la foto", señaló Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA. De todas maneras, los representantes de esa central obrera consideraron positivo que se haya convocado a las comisiones del Consejo para que comiencen a funcionar regularmente a partir de la próxima semana.
"Si bien nos alegra que las comisiones que deben funcionar en el marco del Consejo comiencen a trabajar de manera regular a partir de la próxima semana, tal como venimos reclamando desde hace años, está claro que no se puede determinar el valor del salario mínimo en un par de horas sin datos concretos ni confiables respecto tanto a la inflación", agregó Wasiejko.
Del acuerdo no participó el sindicalismo barrionuevista enrolada en la disidente CGT Azul-Blanca. "Se ha fijado en 1.200 pesos, el nuevo monto del salario mínimo desde el primero de agosto y hasta diciembre", afirmó Tomada.
El titular de la cartera laboral informó además que "el consejo del salario se ha constituido en forma permanente a través de las cuatro comisiones empleo, productividad, políticas activas de empleo, salario mínimo y subsidio por desempleo".
Explicó que esas cuatro comisiones "van a funcionar a partir de la próxima semana, en un temario que va a constituir un debate sobre todos los temas vinculados al mundo del trabajo".
"Creo que estamos frente a un gran desafío, mejorar la distribución del ingreso en nuestro país, en democracia, y el consejo es la institución democrática por excelencia" enfatizó Tomada, quién remató afirmando que "hoy empleadores y trabajadores han dado una nueva muestra de responsabilidad y solidaridad".
Por su parte, el titular de la CGT, Hugo Moyano recordó que "ahora falta aumentar las asignaciones familiares y el mínimo no imponible" del Impuesto a las Ganancias.
El camionero remarcó que "la CGT tiene previsto plantear en las comisiones el aumento de las asignaciones familiares, el pago universal y la eliminación de la tablita de Machinea del mínimo no imponible, que deberían tener resolución los más pronto posible".
A su turno, el empresario Juan Carlos Lascurain (UIA) rescató que "uno de los temas más importantes" es el funcionamiento permanente que tendrán las comisiones. Sin embargo, el monto acordado se acercó más al planteo de la CGT que aspiraba un aumento del salario mínimo a los 1.250 pesos frente a los 980 actuales.
Se informó además que el próximo 12 de agosto el Consejo de Salario retomará sus deliberaciones. En esa oportunidad se reunirá la Comisión de Empleo.
Agenda pendiente
"La movilidad y el salario mínimo son dos marcas muy importantes en las que estamos particularmente dedicados, especialmente para los sectores que tienen menos", aseguró ayer la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. La funcionaria dijo que en agosto se analizarán "nuevos valores para el seguro por desempleo", que una comisión revisará "el impacto de canasta y evolución del salario", y que además se determinará si se sube el piso del Impuesto a las Ganancias. Con cinco años de acuerdos rápidos, el consejo del salario sólo tuvo ayer tres abstenciones -de la CTA- que reclamaba "un aproximado a los 1.500 pesos".
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) presentó hoy un proyecto propio de movilidad de los haberes jubilatorios, y reclamó que los fondos estimados para la instalación del llamado Tren Bala sean destinados a reacondicionar el sistema ferroviario argentino.
Al respecto, el jefe del bloque CC, Adrián Pérez, señaló la necesidad de "recuperar para el Parlamento la posibilidad de discutir las políticas públicas" y aclaró que la propuesta de su agrupación implica "dos temas a tratar en las primeras sesiones, pero no una agenda para los próximos diez meses".
Respecto a la iniciativa previsional, explicó que se trata de "un mecanismo de actualización de los haberes de los jubilados" mediante la aplicación de un "promedio de los salarios del sector público y privado", sobre todo en un momento en que la Anses cuenta con "un superávit de 12 mil millones de pesos".
Por su parte el senador radical Gerardo Morales, titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, se mostró proclive a que "se avance con el debate" sobre la movilidad. "Nos parece bien que el gobierno cumpla con la resolución judicial", dijo.
El senador indicó además que el próximo jueves presentarán en el Senado "un proyecto de movilidad elaborado con foros y asociaciones de jubilados de todo el país, y que cuenta con la adhesión de más de 400 mil firmas".
La presidenta Cristina Fernández confirmó ayer que el gobierno remitiría hoy al Congreso un proyecto para determinar por ley la movilidad de las jubilaciones. "Es un salto de calidad institucional el proyecto de ley que estamos enviado al Parlamento para que movilidad de los jubilados sea un derecho", afirmó la presidenta.
El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, confirmó que los jubilados recibirán un aumento en los haberes el año próximo, si es aprobado el proyecto oficial.
El funcionario dijo que la iniciativa busca "instalar como política de Estado, gobierne quien gobierne", que los jubilados recibirán aumentos dos veces por año, según lo estipula el texto.
Boudou desestimó la posibilidad de que el gobierno otorgue un incremento en los haberes antes de marzo de 2009, tal como reclamó el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. El proyecto "tendrá trámite parlamentario" en lo que resta del año. "Habrá una discusión, saldrá aprobado y el 1º de enero se estará aplicando" el régimen de aumentos, estimó. Boudou afirmó que la iniciativa que tratará el Congreso pretende darle "institucionalidad" al sistema previsional. "Venimos trabajando fuerte para recuperar un sistema que estaba pensado para desaparecer y que demostró ser una buena herramienta para mejorar la inclusión social", agregó el funcionario.
La iniciativa, dijo Boudou, busca que los jubilados "sigan estando presente en la distribución" de la riqueza sin que eso signifique una alteración "en el equilibrio financiero" en que se encuentran las cuentas previsionales.
El proyecto, que fue exigido por la Corte Suprema, estipula que los haberes jubilatorios sean ajustados de manera automática dos veces al año, y propone que se concrete en base a la movilidad de salarios y la recaudación fiscal y previsional.
Para eso "incorporamos" una cláusula que establece que "cuando mejore la economía los jubilados participen de ella en forma automática. Así -agregó Boudou- daríamos previsibilidad al sistema, que nunca más quedaría desbalanceado".
El funcionario resaltó que el proyecto oficial genera condiciones que, por ejemplo, impedirán aplicar una medida similar a la decidida en 2001, cuando las jubilaciones sufrieron una quita de 13 por ciento.
"Esto ya nunca más se podrá hacer", comentó. Los efectos del proyecto, en caso de ser aprobado, regirán desde principios de 2009 y significarán la derogación de la denominada Ley de Solidaridad Previsional, sancionada durante la administración menemista. "Teníamos un sistema que en 2001 estaba destruido y que lo hemos puesto de pie. Ahora sí puede haber movilidad" en los aumentos y "pensar en esta situación para adelante", destacó el director de la Anses.
Mañana, cuando salgas del Correo, venite con tu camisa amarilla y escarapela. Estaremos todos los que integramos Carteros Argentinos, y muchos compañeros más capaces de pensar por sí mismos como para no seguir el tren oficialista de la tiranía y la corrupción.
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